Hace un poco más de dos años, los hermanos Martha y Santiago Roldós Bucaram recibieron una llamada de Andrés Valdiviezo, asesor del entonces ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, quien era su delegado en la Comisión de la Verdad (CV), creada para investigar las violaciones a los Derechos Humanos supuestamente cometidos durante el régimen de León Febres-Cordero (1984-1988).
El funcionario les preguntó si tenían interés en presentar un pedido de investigación del accidente aéreo en el que habían muerto sus padres, el presidente Jaime Roldós y la primera Dama, Martha Bucaram, y otros ocho acompañantes, el 24 de mayo, hace ya 30 años.
Ambos aceptaron y, a los pocos días, se reunieron con los miembros de la Comisión, presidida por Elsie Monge. A ella le expresaron su deseo de que, luego de revisar los archivos de las investigaciones efectuadas a lo largo de los años, la CV -y a través de ella, el Estado ecuatoriano- admitiese que estas no se realizaron a profundidad.
Los hermanos Roldós Bucaram ofrecieron entregar a la CV toda la información que tenían, pero “nunca más volvieron a llamarnos”, refiere Martha.
Monge dice, en cambio, que ellos no se contactaron nuevamente con la Comisión ni le facilitaron los archivos prometidos. “Pensamos que habían desistido”, justifica ella.
Aquel fue el más reciente intento de los deudos del fallecido mandatario para aclarar su trágica muerte. No haberlo hecho en su momento es, para ellos, “el pecado original” de la democracia ecuatoriana.
“Uno no puede dejar de mirar los hechos de frente. Cuando no se llega al fondo de las cosas y cree que la negación permitirá seguir adelante, lo que se logra es dejar una herida abierta, purulente. Yo siento que, probablemente, a eso se deba la sensación que tenemos todos de que esta democracia no ha dado respuestas”, opina Martha.
Alrededor de la muerte de Roldós se desarrollaron, en 30 años, cuatro investigaciones: una, en 1981, efectuada por la Junta de Investigación de Accidentes (JIA) de la Fuerza Aérea. Luego, el mismo año, otra de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF); y dos más del desaparecido Congreso Nacional, en 1982 y 1991.
La primera concluyó que había sido falla humana; es decir, del piloto. Los hermanos Roldós insisten en que esta tuvo muchos “cabos sueltos”.
El informe de la USAF se basó en el documento preparado por la JIA. Este determinó que la tesis de la falla humana era “plausible”, aunque sus delegados nunca estuvieron en el sitio del accidente (sur de Loja).
La primera Comisión del Congreso, presidida por Otto Arosemena Gómez, pidió a la Policía de Zúrich (Suiza) que realizara un peritaje a una de las turbinas del avión, el cual determinó que aquella estaba apagada al momento de la colisión.
Arosemena concluyó, entonces, que la nave se desplomó porque perdió fuerza cuando sus turbinas se paralizaron.
Los diputados no pudieron determinar las causas de ese hecho, aunque mencionaron algunas posibilidades, como la falta de mantenimiento o contaminación del combustible.
En 1992, a raíz de un artículo de la revista Life que señaló que los asesinatos de Omar Torrijos (presidente de Panamá) y Jaime Roldós habían sido ordenados por el general Manuel Antonio Noriega (que luego gobernó Panamá), el Congreso abrió una segunda indagación.
El socialista Víctor Granda, quien lideró ese trabajo, explica que la Comisión concluyó que la tesis del accidente como hecho fortuito era “poco creíble” y planteó que, si bien no había pruebas, la muerte de Roldós pudo ser consecuencia de un atentado en el que confluyeron intereses internos y externos.
Granda hizo un análisis del entorno político-internacional de la época: “La política de Estados Unidos era de intervencionismo en América Latina y de persecución a defensores de los derechos humanos”.
Roldós había cuestionado a las dictaduras militares que gobernaban el Cono Sur.
Y fue el promotor de la Carta de Conducta de Riobamba en la que se planteaba que la defensa de los DD.HH. era un deber de los Estados y que, por tanto, la acción conjunta de estos para su protección, no violaba el principio de no intervención.
La Comisión reveló que, luego del enfrentamiento en Paquisha, Roldós se había negado a comprar armamento a intermediarios. “Esto pudo generar retaliaciones”, dice Granda.
La familia del exmandatario no descarta ninguna de esas hipótesis. Pero pide, 30 años después de su muerte, saber más.
